El crecimiento de las plantaciones ilegales de marihuana ya no preocupa únicamente por su relación con el narcotráfico. El fenómeno ha escalado hasta convertirse en un serio problema para la red eléctrica española, especialmente en comunidades como Andalucía y Cataluña, donde los vecinos denuncian apagones recurrentes, subidas de tensión y averías provocadas por el consumo masivo de electricidad asociado a los cultivos clandestinos.
La situación ha vuelto al foco público tras la publicación de los últimos datos de Endesa, que detectó durante 2025 un total de 72.700 enganches ilegales, la cifra más alta registrada en los últimos cinco años. Según la compañía eléctrica, el 26 % de toda la energía robada está vinculada directamente a plantaciones indoor de cannabis.
Las investigaciones policiales y técnicas revelan que muchas de estas instalaciones funcionan con un nivel de consumo eléctrico comparable al de pequeñas industrias. En viviendas aparentemente normales se mantienen operativos las 24 horas sistemas de iluminación de alta intensidad, ventilación, extracción de aire y climatización constante.
Los operativos desarrollados recientemente en comunidades como Madrid o Castilla-La Mancha han permitido comprobar que una sola plantación puede llegar a consumir tanta electricidad como decenas de hogares. Algunas instalaciones alcanzan consumos de entre 10.000 y 20.000 kilovatios hora mensuales, cifras propias de edificios residenciales completos.
El elevado gasto energético explica por qué la mayoría de estas explotaciones recurren al fraude eléctrico mediante conexiones ilegales. Mantener legalmente este tipo de cultivos supondría asumir costes tan elevados que muchos dejarían de ser rentables.
La consecuencia directa recae sobre la red pública. Los transformadores trabajan por encima de su capacidad, se producen sobrecargas continuas y aumentan los cortes de suministro en barrios enteros.
En distintos puntos del sur de España y del área metropolitana de Barcelona, los vecinos aseguran convivir desde hace meses con interrupciones diarias del suministro. La tensión social ha ido creciendo al tiempo que aumentan las críticas hacia las compañías eléctricas y las administraciones públicas, a las que se acusa de no actuar con suficiente rapidez.
Mientras tanto, expertos del sector energético alertan de que España se está consolidando como uno de los principales centros europeos de producción de marihuana indoor, favorecida por el clima, la rentabilidad del negocio y las dificultades de control sobre el fraude eléctrico.
Aunque el robo de electricidad no aparece reflejado directamente en las facturas individuales, técnicos del sector advierten de que el coste termina repercutiendo sobre el conjunto del sistema eléctrico, afectando al mantenimiento de las infraestructuras y a la estabilidad del suministro.
La percepción entre muchos ciudadanos es cada vez más clara: mientras miles de hogares afrontan el encarecimiento de la electricidad, redes clandestinas de cultivo ilegal ponen en riesgo el suministro energético de barrios enteros mediante consumos masivos y conexiones fraudulentas.
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