El presidente de Xunta, Alfonso Rueda, destacó hoy el esfuerzo que está realizando el Ejecutivo gallego en la tramitación de proyectos eólicos para cumplir con los plazos impuestos por el Gobierno central. “Galicia es un referente en energías renovables. El 75% de la energía que se genera en la comunidad tiene origen en fuentes renovables y queremos seguir por este camino”, indicó Rueda, quien resaltó que garantizar “la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente” son fundamentales a la hora de poner en marcha cualquier proyecto de este tipo y, por eso, “en Galicia seguirá siendo obligatorio contar con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable” para la puesta en funcionamiento de un nuevo parque eólico.
Rueda lamentó los plazos fijados “de forma unilateral” por el Gobierno central que provocaron un aumento de los proyectos que solicitan la DIA correspondiente, lo que llevó a la Xunta a incrementar en 120 el número de trabajadores para poder tramitar estas iniciativas en tiempo. El presidente quiso agradecer el “esfuerzo realizado por los funcionarios” en este ámbito que están realizando un “trabajo potente y riguroso”.
Tal y como explicó el presidente, el Consello da Xunta de Galicia evaluó en su reunión de esta mañana la situación actual del sector eólico gallego. Una industria clave en la transición energética y para la que el Gobierno gallego está activando todos los instrumentos a su alcance con el objetivo de lograr un desarrollo planificado y ordenado. Se busca que vaya en equilibrio con la protección del ambiente, acercando seguridad jurídica a los promotores, al tiempo que se da prioridad a los proyectos eólicos vinculados a la industria para que puedan acceder a un precio eléctrico más competitivo.
“Galicia está respondiendo y activando todos los instrumentos que están a nuestro alcance como administración para acompañar las necesidades del tejido industrial, ofrecer la máxima agilidad y siempre de forma planificada”, señaló el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, quien aseguró que “Galicia apuesta por las renovables y pretende liderar el proceso de descarbonización de la economía”.
Según trasladaron Rueda y Conde, el modelo gallego contrasta con las decisiones que en esta materia está adoptando el Gobierno central que, con sus actuaciones, está poniendo trabas a las administraciones autonómicas y creando inseguridad jurídica e incertidumbres. En este sentido, recordaron que Galicia está haciendo un gran esfuerzo para hacer frente al efecto llamada provocado por el decreto ley aprobado por el Gobierno en junio de 2020 que regula la caducidad de los permisos de acceso y conexión de los parques eólicos. Esta normativa imponía plazos muy ajustados para obtener las declaraciones de impacto ambiental (DIA), así como las autorizaciones administrativa y de construcción, por lo que el Gobierno central se vio obligado a modificarla para aumentar los plazos en nueve meses más.
El hito más inmediato será la obtención de la DIA -favorable o no- para 140 proyectos de parques eólicos en Galicia. Después de la contratación de 120 personas y la aplicación de diferentes medidas para dar una mayor agilidad al proceso, la Xunta de Galicia cuenta con que la mayoría de los parques puedan obtener la DIA -ya la obtuvieron 92 proyectos (66 favorable y 26 desfavorable)-. En este sentido, además de los plazos limitados, la tramitación se encontró con otras trabas como los retrasos a la hora de contestar a los requerimientos, además de la falta o de los errores en la documentación presentada que impedirán que todos los parques puedan cumplir con este hito.
Aun así, la Xunta de Galicia, a través de la Ley de acompañamiento, ya estableció que, en aquellos casos donde no se pueda cumplir con este hito administrativo, se continuará con la tramitación de aquellos parques que pierdan el permiso de acceso y conexión, aunque no podrá autorizar el proyecto mientras tanto no obtengan estos permisos. Además, debido a la imposibilidad material del cumplimiento de los plazos, se apreciará la existencia de causas no imputables al promotor para no ejecutar las garantías económicas. El siguiente paso será la obtención de la autorización administrativa previa y de construcción para los parques que cuenten con la DIA favorable.
Ante este esfuerzo realizado desde el Gobierno gallego -que desde 2020 aprobó más DIA que desde 2013 al 2019; y que en 2022 duplicó los informes emitidos por los organismos dependientes al pasar de los 1.070 en 2021 a los 2.227 de 2022-, se solicita al Ejecutivo central el mismo grado de compromiso. En este sentido, los proyectos de más de 50 MW dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. De ellos se declaró la excepcionalidad para 13 proyectos por su impacto social y económico, al estar vinculados a Alcoa, Sentury y Resonac (Showa Denko). Galicia ya emitió los informes necesarios, por lo que el Gobierno no tiene impedimento para que estos parques cumplan con su tramitación administrativa.
Desde la Administración gallega también se realizaron las modificaciones legislativas precisas para declarar este tipo de proyectos como iniciativas empresariales prioritarias, para lo cuál se exigió, entre otras cuestiones, la suscripción de un acuerdo directo de compraventa de energía a largo plazo (PPA) con una empresa con actividad industrial en Galicia que garantice como mínimo el 50 % de su producción energética.
En definitiva, Galicia está cumpliendo y pide más reciprocidad por parte del Gobierno, con el objetivo de poder seguir desarrollando el binomio industria-sostenibilidad.
