El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de que el Consello dio luz verde a una guía práctica destinada a agilizar la evaluación ambiental de los proyectos que pretendan instalarse en Galicia sin menoscabar su seguridad jurídica. El documento, que estará a disposición de los promotores y de los órganos evaluadores, será, según destacó, «pionero en España».
El manual se enmarca en la aplicación de la Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia. Esta norma establece la obligación de integrar la valoración de los impactos sociales, económicos y ambientales en los procedimientos de evaluación de las iniciativas incluidas en su ámbito de aplicación.
La valoración deberá prestar una atención especial a los servicios ecosistémicos, entre los que figuran el suministro de agua y alimentos, la regulación del clima, la fertilidad del suelo y la protección frente a riesgos naturales.
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, explicó que no basta con analizar la incidencia directa de una actuación sobre los elementos ambientales, sino que también deben estudiarse sus posibles consecuencias sobre el bienestar de las personas, la salud, la calidad de vida y la resiliencia de los territorios.
De acuerdo con la normativa, los promotores y los órganos de evaluación deberán identificar los servicios ecosistémicos presentes en el entorno de cada proyecto, describir su estado y valorar los posibles efectos de la actuación. Asimismo, tendrán que definir las medidas necesarias para prevenir, reducir, corregir o compensar los impactos adversos.
También deberán concretarse las actuaciones, directas o indirectas, dirigidas a conservar, recuperar y utilizar de manera sostenible aquellos servicios ambientales que puedan resultar afectados.
Criterios comunes desde el inicio
La guía estará disponible en la página web de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Su objetivo es proporcionar un marco metodológico común, criterios técnicos compartidos y unos contenidos mínimos que permitan mejorar la calidad de la documentación presentada.
Con ello, el Ejecutivo autonómico pretende reducir las consultas y evitar los requerimientos de subsanación o de información adicional que pueden retrasar los expedientes y generar inseguridad jurídica entre los promotores.
El manual incorpora fichas adaptadas a las diferentes tipologías de proyectos. En ellas se recogen las principales presiones asociadas a cada actividad, los servicios ecosistémicos que podrían verse afectados y los criterios necesarios para evaluar los impactos y diseñar las correspondientes medidas ambientales.
La inclusión de estos aspectos será obligatoria en la evaluación de proyectos de producción de energía renovable, como parques eólicos, instalaciones solares fotovoltaicas y aprovechamientos hidroeléctricos. También se aplicará a las iniciativas que necesiten una concesión de agua, estén vinculadas a derechos o concesiones mineras o contemplen instalaciones de almacenamiento de energía eléctrica o térmica.
La Xunta considera que la ausencia hasta ahora de una metodología común y suficientemente detallada dificultaba la tramitación. El nuevo documento permitirá que promotores, evaluadores y órganos sectoriales trabajen desde el inicio con criterios homogéneos y con una documentación estructurada y técnicamente suficiente.
Unas 175 evaluaciones cada año
El Gobierno gallego confía en que el manual mejore la calidad de las evaluaciones, refuerce la motivación de las decisiones administrativas y garantice la adecuada identificación de los posibles impactos sobre los ecosistemas y los beneficios que estos aportan a la sociedad.
«Galicia realiza 175 evaluaciones ambientales al año, una cada dos días. Queremos que sean más ágiles, transparentes y homogéneas», señaló Ángeles Vázquez.
Rueda defendió que la iniciativa permitirá facilitar la tramitación y reducir la petición de documentación complementaria, al tiempo que Galicia mantiene un criterio «extremadamente garantista» con los proyectos que buscan implantarse en la comunidad.
La Xunta sostiene que la guía contribuirá, en definitiva, a avanzar hacia un modelo de desarrollo más responsable, transparente y compatible con la protección del medio ambiente.
