La Xunta de Galicia elevó este jueves el tono contra el nuevo Plan Estatal de Vivienda tras la celebración en Madrid de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, criticó duramente un documento que, a su juicio, “llega tarde, sin consenso con las comunidades autónomas y con financiación insuficiente”.
Tras participar en la reunión junto al secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, Allegue aseguró que Galicia “no está de acuerdo con este plan”, aunque admitió que la comunidad se ve obligada a aceptarlo para no perder fondos destinados a políticas de vivienda.
La responsable autonómica denunció especialmente el retraso en la puesta en marcha del programa estatal, que, recordó, debía estar operativo desde el pasado 1 de enero. Según explicó, el Gobierno central todavía debe aprobar el plan en el Consejo de Ministros, publicarlo en el BOE y firmar convenios con las autonomías antes de transferir los fondos necesarios.
“Es un año perdido y, en la situación actual de demanda de vivienda, una irresponsabilidad por parte del Gobierno central”, afirmó Allegue, quien alertó de que esta demora afectará directamente a convocatorias de ayudas consideradas fundamentales, como las destinadas al alquiler, la rehabilitación o las comunidades de propietarios.
La Xunta considera además que el plan nace “infrafinanciado” y obliga a las comunidades a asumir un esfuerzo económico desproporcionado. Allegue criticó que el Ejecutivo estatal exija una cofinanciación autonómica del 40%, mientras “Galicia tiene que quintuplicar la aportación y el Estado solo la duplica”.
Como ejemplo, la conselleira señaló que las ayudas previstas para la construcción de vivienda protegida apenas permitirán impulsar unas 600 viviendas al año, una cifra que calificó de “irrisoria”. En materia de rehabilitación, aseguró que el alcance del plan rondará las 800 viviendas anuales, pese a la elevada demanda existente. “Es una tomadura de pelo”, sentenció.
Durante la Conferencia Sectorial, la representante gallega reclamó también la aplicación de un IVA superreducido del 4% para la compra de vivienda protegida y cuestionó la escasa dotación prevista para el desarrollo de suelo residencial. Según indicó, Galicia solo podrá acceder a nueve millones de euros en cuatro años para este ámbito, frente a los 300 millones que la Xunta prevé movilizar mediante su Estrategia de Desarrollo de Suelo.
Otro de los puntos más criticados por la conselleira fue el carácter “rígido” del plan estatal. Allegue lamentó que el Ministerio de Vivienda no incorporase buena parte de las propuestas planteadas por Galicia y acusó al Ejecutivo de imponer requisitos y modelos cerrados que limitan la capacidad de actuación de las autonomías.
En este sentido, mostró su rechazo a que las ayudas a la promoción de vivienda estén condicionadas a una calificación permanente de vivienda protegida, una exigencia que considera “una injerencia en las competencias autonómicas”. Recordó además que el Tribunal Constitucional ya estableció que corresponde a las comunidades decidir si aplican o no ese carácter permanente.
