La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, reivindicó este martes en Vigo la necesidad de sumar esfuerzos para afrontar el desafío de la vivienda y defendió el trabajo que está desarrollando la Xunta de Galicia para incrementar la oferta residencial y facilitar el acceso a una vivienda protegida. La responsable autonómica participó, junto a la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, en un desayuno-coloquio organizado por el Círculo de Empresarios de Galicia.
Durante su intervención, Allegue aseguró que “no hay mayor compromiso que el de Galicia” en materia de vivienda y destacó que ya están en marcha las 4.000 viviendas públicas comprometidas por el Gobierno gallego para esta legislatura, de las cuales cerca de 1.000 se desarrollarán en Vigo. Además, la Xunta trabaja con el objetivo de alcanzar las 10.000 viviendas públicas en Galicia antes de 2030.
La conselleira puso especial énfasis en el desarrollo de suelo residencial mediante los Proyectos de Interés Autonómico (PIA), una figura que definió como “pionera” por permitir agilizar la tramitación urbanística. En este sentido, explicó que ya existen siete PIAs aprobados inicialmente en Galicia y que se trabaja en otros seis más. En el caso de Vigo, los ámbitos de Ofimático-Lavadores y Ramón Nieto prevén la construcción de casi 3.400 viviendas protegidas.
María M. Allegue defendió también la colaboración público-privada como elemento clave para responder a la demanda residencial y agradeció la implicación del sector de la construcción. Entre las medidas impulsadas por la Xunta destacó el fomento de la construcción industrializada, la flexibilización normativa para facilitar la conversión de locales en viviendas y el incremento de la edificabilidad en determinados ámbitos.
La titular de Vivenda criticó además la insuficiente financiación prevista en el nuevo Plan Estatal de Vivienda, al considerar que los recursos destinados a Galicia “no permiten alcanzar objetivos ambiciosos”. Según explicó, la urbanización de los nuevos ámbitos residenciales en Galicia supondrá una inversión próxima a los 300 millones de euros.
En relación con el acceso a la vivienda protegida, Allegue recordó la reciente aprobación del Mapa de impulso da vivenda protexida de Galicia, que contempla medidas como el aumento de los límites de ingresos para acceder a estas viviendas, nuevas ayudas para promotores y cooperativistas o la reserva de vivienda pública para menores de 36 años y familias con hijos.
La conselleira aprovechó también su intervención para reclamar “respeto a Galicia” en relación con la transferencia de la AP-9, insistiendo en que cualquier traspaso de competencias debe ir acompañado de los recursos económicos necesarios para garantizar su gestión.
