jueves. 18.07.2024

La Xunta pone en valor que el pleno del Tribunal Constitucional avale la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, lo que, segundo dijo hoy la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, refrenda el trabajo llevado a cabo por parte del Gobierno gallego de cara a dar seguridad jurídica a las actividades estratégicas en el dominio público marítimo-terrestre.

La conselleira incidió en que el Tribunal Constitucional desestima 70 de las 72 impugnaciones incluidas en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central, por lo que ratifica las plenas competencias de la Comunidad para gestionar nuestro litoral sin necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía, tal y como dictaminó el Consello Consultivo en verano de 2022.

A mayores, Ángeles Vázquez recordó que la elaboración de esta normativa contó con la participación de todos los agentes, administraciones y colectivos, tanto públicos cómo privados, con intereses e implicación directa en la costa con el fin de buscar un texto de consenso y muy participado.

"En este proceso participaron los mejores, desde el Observatorio del litoral pasando por científicos, académicos, juristas, la cadena mar-industria mientras que enfrente solo nos encontramos piedras en el camino", aseveró Ángeles Vázquez, que añadió que el Gobierno central declinó todas las opciones de diálogo con la Xunta para llegar a un punto de entendimiento que había evitado la vía judicial y el consiguiente perjuicio que supuso para la Comunidad a paralización de esta ley durante varios meses.

Hace falta destacar que la ley del litoral de Galicia tiene como objetivo una gestión que integre las actividades humanas en el litoral para garantizar un aprovechamiento sostenible de sus recursos y el buen estado de los ecosistemas costeros desde una triple perspectiva: ambiental, social y económica.

Para concluir, Ángeles Vázquez destacó que la ley del litoral fue una apuesta del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para "darle a Galicia el reconocimiento que se le estaba negando" mientras que sí se les daba la otras comunidades autónomas.

El TC refrenda las plenas competencias que tiene la Comunidad para gestionar su litoral
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