La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, instó este miércoles al Gobierno central a retirar el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional que, tras su admisión a trámite, mantiene suspendidos varios preceptos del plan de la Xunta para agilizar trámites en materia de dependencia y discapacidad. La titular autonómica avanzó que la Xunta ha aprobado personarse en el procedimiento y advirtió del impacto de la paralización de medidas como el reconocimiento automático de discapacidad ligado a la dependencia, una fórmula que el Ejecutivo gallego defiende para recortar tiempos de espera.
En su intervención, García volvió a reclamar que el Estado cumpla la Ley de Dependencia y asuma el 50% de la financiación de los servicios, asegurando que Galicia arrastra una deuda acumulada por este concepto. En este contexto, puso el foco en el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), que atiende a unas 23.000 personas y para el que la Xunta acaba de cerrar un acuerdo con la Fegamp con incrementos progresivos de su aportación: 16 euros/hora en 2026, 17 euros/hora en 2027 y 18 euros/hora en 2028, lo que supone —según el Gobierno gallego— un aumento del 50% al final de la legislatura.
Sobre el modelo de cuidados, la conselleira defendió que la atención a las personas mayores es “una prioridad” y vinculó esa estrategia a las cuentas autonómicas de 2026, que reservan más de 844 millones de euros para el área de mayores, en el marco del refuerzo del plan de choque y la atención domiciliaria.
En paralelo, García abordó la inclusión social, señalando el blindaje de partidas en 2026 y reivindicó la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para implantar un modelo de “ventanilla única” junto a la Risga, con el objetivo —expuso— de reducir burocracia, mejorar el acceso y evitar duplicidades.
