La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta, Ángeles Vázquez, ofreció la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia (Loxilga) como marco de referencia para el diseño de la futura normativa estatal de Costas. Lo hizo durante su intervención en la II Cumbre nacional del litoral, celebrada en Valencia, en la que participaron representantes de siete comunidades autónomas costeras: Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Cantabria, Baleares y Canarias.
Durante su intervención, Vázquez defendió la necesidad de reformar la actual Ley de Costas para clarificar competencias, reforzar la seguridad jurídica y consolidar un modelo de gestión integral del litoral. En este sentido, subrayó que la futura normativa estatal debería incorporar una triple perspectiva ambiental, social y económica, siguiendo el modelo de la legislación gallega, además de afrontar con realismo la adaptación al cambio climático y establecer criterios técnicos respetuosos con la diversidad territorial.
La conselleira insistió también en que cualquier reforma debe realizarse con transparencia y en coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. “Necesitamos normas claras, estables y consensuadas, y eso solo puede lograrse mediante una reforma legal de amplio alcance y un verdadero trabajo conjunto entre administraciones”, afirmó.
En esa línea, criticó el intento del Ejecutivo central de modificar la normativa “por la puerta de atrás” mediante un cambio del reglamento de Costas sin haber mantenido previamente reuniones ni consultas con las comunidades autónomas.
Críticas al proceso del Gobierno central
Vázquez explicó que la Unión Europea ha solicitado a España modificar determinados aspectos de la Ley de Costas a través de un dictamen motivado derivado de un expediente de infracción, pero advirtió de que una reforma reglamentaria no sería suficiente para cumplir con lo requerido por Bruselas.
Además, lamentó que las comunidades autónomas recibiesen ese dictamen más de un año después de que fuese remitido al Gobierno central, ya que la Comisión Europea lo emitió en diciembre de 2024 y el Ejecutivo estatal lo trasladó a las autonomías la pasada semana.
Según señaló, en ese documento el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico plantea ante la Comisión Europea cuestiones como la aplicabilidad de la Directiva de servicios a determinadas actividades productivas en el litoral o la posibilidad de denegar o paralizar prórrogas de concesiones hasta la aprobación de un nuevo reglamento.
Manifiesto conjunto de las comunidades costeras
Durante la cumbre, las comunidades participantes acordaron un manifiesto conjunto en el que reclaman la aprobación de una nueva Ley de Costas, rechazan los cambios reglamentarios impulsados por el Gobierno central y solicitan una reunión urgente de la conferencia sectorial con la presencia de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
En ese contexto, la Xunta reivindica un modelo de cogobernanza real que permita a las comunidades participar activamente en la definición de los criterios técnicos de los deslindes, en la planificación de la adaptación climática y en la gestión del dominio público marítimo-terrestre.
Galicia reivindica su modelo de gestión
Durante su intervención, Ángeles Vázquez puso en valor la gestión del litoral gallego desde que la Xunta asumió las competencias el pasado 1 de julio, afirmando que desde entonces “la costa gallega está mucho mejor gestionada”.
Entre las medidas adoptadas destacó la creación de un registro de autorizaciones y concesiones, la puesta en marcha de un decreto de procedimiento integrado y el establecimiento de una solicitud única para simplificar los trámites administrativos.
La Xunta trabaja además en iniciativas para poner en valor el patrimonio litoral, como el diseño del Camino del litoral, la elaboración de un catálogo de bienes de valor cultural para recuperar edificaciones en desuso o la promoción de chiringuitos biosostenibles.
Para concluir, la conselleira subrayó que Galicia está demostrando que “es posible gestionar mejor desde la proximidad, con conocimiento técnico, rigor ambiental y sensibilidad social”, defendiendo así el modelo gallego como ejemplo para el futuro marco estatal.
