Galicia, Asturias y Castilla y León han escenificado este jueves un frente común para reclamar una solución definitiva a las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66. Los representantes de los tres gobiernos autonómicos y de las principales organizaciones empresariales firmaron la denominada Declaración Compostela, un documento que insta a la Comisión Europea a culminar cuanto antes el procedimiento abierto sobre las prórrogas de ambas infraestructuras.
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, participó en el encuentro ‘As infraestruturas viarias do Noroeste’, organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) e impulsado por la asociación En-Colectivo. En el acto también estuvieron presentes el consejero de Movilidad del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; la secretaria general de la Consejería de Movilidad de la Junta de Castilla y León, Natalia Flórez; así como los máximos representantes empresariales de las tres comunidades autónomas.
Durante su intervención, Allegue recordó que la Xunta acaba de presentar una demanda para exigir acceso a la información remitida por el Gobierno central a la Comisión Europea en relación con el dictamen sobre la prórroga de la concesión de la AP-9.
La responsable autonómica defendió que el Ejecutivo central debe asumir las consecuencias jurídicas derivadas de ese dictamen y avanzó que Galicia, Asturias y Castilla y León solicitarán conjuntamente una reunión con el vicepresidente ejecutivo de Mercado Interior de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, para trasladarle su preocupación por lo que consideran una “situación de discriminación territorial”.
Allegue insistió en que la AP-9 es una infraestructura estratégica para Galicia, al prestar servicio a más del 60 % de la población y conectar las principales ciudades de la comunidad. En este sentido, criticó que mientras el Gobierno central ha impulsado la eliminación de peajes en otros territorios, los usuarios de la autopista gallega continúan soportando elevados costes. Como ejemplo, señaló que el trayecto entre Ferrol y Tui supera los 28 euros por sentido, mientras que viajar entre A Coruña y Vigo cuesta más de 21 euros.
La conselleira volvió a reclamar el rescate de la AP-9 por parte del Estado y su posterior transferencia a la Xunta de Galicia, aunque subrayó que dicho traspaso debe realizarse con financiación suficiente y sin cargas económicas adicionales para la comunidad autónoma.
Asimismo, defendió que cualquier coste derivado de los procedimientos judiciales abiertos en torno a la autopista sea asumido por la Administración General del Estado. Según señaló, la transferencia debe respetar íntegramente el texto aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia, rechazando cualquier modificación que, a su juicio, pueda desvirtuar el alcance de la proposición de ley impulsada por la Cámara gallega.
La Declaración Compostela refuerza así la alianza institucional y empresarial del noroeste peninsular para reclamar una revisión de las concesiones viarias y una solución que permita avanzar hacia un modelo de movilidad más equilibrado y competitivo para estos territorios.
