Al lío. Las verdaderas prioridades

Al margen de resultados coyunturales, es evidente que el Estado necesita de algunas decisiones consensuadas, pactadas, maduradas que permitan ajustar su funcionamiento a la demanda de los tiempos. Es más que probable que el consenso -a todas luces imposible en la actualidad- sea la primera prioridad para alcanzar acuerdos de sentido común con los que reforzar el sistema democrático, con base en la separación de poderes y el respeto institucional.  No me importa repetirme una vez más.

Desde hace tiempo se reclama una reforma de la ley electoral que contemple listas abiertas, segundas vueltas, respeto de las mayorías y transparencia en la financiación de los partidos políticos. Es imprescindible retornar al entendimiento en política exterior, reforzar la marca España y, en una agenda bien conocida, encontrar puntos de encuentro en aspectos nada triviales como la gestión de la sanidad, de la educación, de la seguridad —con una atención prioritaria al desafío del narcotráfico—, del turismo, la electrificación, el funcionamiento de los transportes, la política de inmigración, la de vivienda y las leyes laborales. Todo ello en un marco que asegure la igualdad, el respeto de las minorías, la sustentabilidad del sistema sin una asfixia financiera basada en cargas impositivas interminables, excesivas, confiscatorias, la seguridad de las pensiones y el bienestar de nuestros mayores. Además, claro, de la olvidada Administración Única propuesta por Manuel Fraga.

El destino de una nación no se mide por la estridencia de sus debates coyunturales, sino por la firmeza con la que aborda sus necesidades estructurales. Los coches oficiales suelen llevar cristales tintados y eso impide ver los bosques, los problemas reales, la realidad palpable. En el discurrir diario de la política y de los medios de comunicación, suele acontecer un fenómeno de distorsión óptica: lo urgente, que a menudo no es más que lo accesorio revestido de prisa, termina por sepultar a lo verdaderamente importante. La auténtica prioridad nacional no reside en la última disputa partidista ni en el titular efímero de una red social, sino en el diseño de un proyecto de futuro que garantice el bienestar, la equidad y la dignidad de los ciudadanos a largo plazo.

Definir qué es prioritario exige un ejercicio de honestidad colectiva y de profunda altura de miras. Una sociedad madura reconoce que sus pilares fundamentales sostienen el edificio común. Entre esos puntales indispensables se encuentran la educación de calidad, concebida como el motor principal de la igualdad de oportunidades y del progreso intelectual; un sistema de salud robusto y accesible, que proteja a los más vulnerables sin distinciones; y una economía dinámica y sostenible, capaz de generar empleo digno y de incentivar la innovación sin comprometer los recursos de las próximas generaciones. Cuando estos elementos se descuidan en favor de réditos electorales inmediatos, el tejido social se resiente y la confianza en las instituciones comienza a desmoronarse de manera peligrosa.

La verdadera gestión pública requiere, por tanto, la capacidad de discernir entre el ruido y las nueces. Los recursos, siempre limitados, deben canalizarse hacia aquellas áreas que multiplican el valor de la comunidad y corrigen las desigualdades de origen. Invertir en la infancia, asegurar una vejez digna, el derecho a la vivienda, un ocio sano, proteger el medio ambiente y fomentar la cultura no son gastos prescindibles, sino las inversiones más rentables que un país puede realizar. Es en la atención a estos aspectos esenciales donde se demuestra la verdadera grandeza de un Estado y donde se construye una identidad nacional sólida, compartida y respetada.

Reorientar el rumbo hacia las verdaderas prioridades implica también un cambio de actitud en la ciudadanía y en sus legítimos representantes. Es necesario abandonar el cortoplacismo asfixiante y asumir el compromiso ético de trabajar en consensos amplios sobre las materias que definen nuestra convivencia diaria. Solo a través de una visión estratégica, desprovista de dogmatismos estériles y centrada en el bien común, será posible superar los desafíos presentes y legar una sociedad más justa, próspera y cohesionada. La prioridad nacional debe ser, en última instancia, asegurar que nadie se quede atrás en el complejo camino hacia el mañana.

Como bien afirmó el político y jurista español Enrique Tierno Galván, la democracia es la transposición de lo cuantitativo a lo cualitativo: que lo que quieren los más se convierta en lo mejor. De aquella célebre sentencia hace ya cuarenta años, pero la sabiduría, a diferencia de las modas políticas, no caduca.

Seguimos confundiendo el Gobierno del Estado con el estado de los Gobiernos y sus dirigentes, las aspiraciones personales con el bien común.

Montesquieu quien teorizó y difundió de manera fundamental la división de poderes, dejó escrito que “cuando la política se convierte en un espectáculo de espejos, los gobernantes terminan por olvidar que su verdadera misión no es reflejarse a sí mismos, sino iluminar el camino de la sociedad”.

Hay que encontrar una nueva cultura política: más democrática, de mayores consensos, más realista, próxima a los ciudadanos, que palpite con la calle y con cada hogar. Pluralismo, diversidad, conscientes de que la realidad económica no responde a una ideología concreta. Es hora de bajar de esos vehículos de ventanillas oscuras, mirar de frente a los árboles y ponerse, de una vez por todas, al lío.