El fracaso de la élites
Su paso por la política activa fue breve y marcado por la misma ironía con la que observaba el resto del mundo. Durante una sesión parlamentaria especialmente intensa, donde los discursos ideológicos se encadenaban sin descanso y la retórica inflamaba los ánimos de los diputados, Josep Pla permaneció en su asiento observando el espectáculo con una mezcla de fatiga y distancia. Cuando un compañero de bancada le preguntó qué opinaba de la trascendencia de aquel debate histórico para el futuro de la nación, el escritor, sin retirar la mirada del orador, le respondió que el verdadero problema de aquel país no era la falta de leyes nuevas, sino que los hombres habían olvidado cómo escucharse en silencio alrededor de una mesa.
Aquella advertencia del maestro de Palafrugell reverbera hoy con una fuerza inusitada en medio de un panorama público que parece entregado a lo que de forma despectiva denominamos buenismo. Esta actitud, consistente en rebajar la gravedad de los conflictos, ceder con aparente benevolencia o actuar con una excesiva tolerancia ante lo intolerable, ha dejado de ser una simple flaqueza moral para convertirse en una estrategia de cálculo puramente electoral. El riesgo de esta liberalidad de comportamientos es que, al traspasar la frontera de lo “consentible” bajo el pretexto de una supuesta compasión, abre la puerta a conductas antisociales, abusos impunes e incluso tragedias que degradan la convivencia.
Frente a brotes extremos de violencia, se constata una alarmante tendencia a limitar las actuaciones de las fuerzas del orden. La parálisis institucional y la laxitud normativa terminan maniatando a quienes deben protegernos, ya sea frente al desafío organizado del narcotráfico y las bandas mafiosas -como acabamos de comprobar pro desgracia en Andalucía-, o ante los desmanes cotidianos de violentos ocasionales, alcohólicos o drogados que confunden la libertad con la impunidad. Es aquí donde se produce un doble error: un error político en quien debía saber mandar y un error intelectual en quienes debían saber entender, como bien dejó escrito en su día el pensador Pedro Laín Entralgo.
La verdadera democracia no es un ejercicio de sentimentalismo condescendiente ni una escenografía de pan y circo diseñada para adormecer las conciencias. Un auténtico Estado de Derecho requiere tolerancia, desde luego, pero también la exigencia innegable de unos deberes que corran parejos a la legítima defensa de los derechos fundamentales. Cuando se promueven las emociones sin filtro desde los poderes públicos, se infantiliza la sociedad y se “sentimentaliza” la política de una forma peligrosa, abocándonos irremediablemente a la lógica destructiva de la trinchera. Como ha señalado con lucidez Javier Moscoso, profesor español de historia y filosofía de la ciencia CSIC, cuando se alientan estos estados de ánimo colectivos, uno sabe siempre cómo empieza la historia, pero nunca cómo acaba.
La calidad de vida de una nación no se mide por la cantidad de promesas vacías, sino por el conjunto de condiciones que contribuyen a hacer la existencia agradable, digna y valiosa para todos sus integrantes. Para ello, resulta indispensable recuperar la racionalidad, el sentido común y la vigencia estricta de la separación de poderes, blindando las instituciones frente al uso arbitrario o utilitarista del mando. Frente a la tentación de contentar a minorías múltiples a costa del equilibrio general, es imperativo apelar al interés por la justicia, por la solidaridad y por el bien común. El filósofo Emilio Lledó recordaba con acierto la necesidad de perseguir esos intereses humanos más generosos y creadores, que hacen progresar verdaderamente a la humanidad, lejos de los engaños simplistas en los que a menudo se enreda la dialéctica del poder.
En esta tarea de saneamiento democrático, los medios de comunicación deben asumir un papel activo y responsable, sirviendo como diques de contención frente a la vacía comunicación y la demagogia ambiental. Las empresas y los agentes privados también han de contribuir a la cohesión, entendiendo que el fin último de la organización social es la convivencia armónica. Queremos una sociedad inclusiva e igualitaria, un verdadero Estado de bienestar cimentado sobre la legalidad y los medios adecuados, pero firmemente alejado de un buenismo condescendiente que desprotege a los más débiles frente a los insaciables de impunidad.
Determinar la forma de gobierno más convincente es encontrar el medio de hacer concurrir en un punto todas las fuerzas sociales, hallando el centro de gravedad que sostenga en equilibrio a la comunidad. El otro existe, y el respeto a su existencia exige firmeza frente al abuso físico y frente a la arbitrariedad de los despachos. Acaso convenga recordar, para concluir con mesura, aquella vieja historia de los magistrados de la antigua Grecia que, al juzgar los delitos cometidos bajo los efectos de la embriaguez, imponían una doble pena: una por el desmán cometido y otra por haber descuidado la templanza. Solo la responsabilidad compartida nos salvará de la intemperie. Hace falta algo más que elecciones, se precisa una nueva actitud.