domingo. 21.04.2024

La UE respalda la simplificación de la PAC que dará seguridad jurídica a los agricultores en la campaña 2024

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado hoy su satisfacción por la gran responsabilidad mostrada tanto por la Comisión Europea como por el Consejo de Ministros de la Unión para “dar una respuesta europea contundente y rápida” a las inquietudes y preocupaciones expresadas por los agricultores y ganaderos en las manifestaciones que se han 
sucedido en las últimas semanas en distintos países europeos.
El ministro de Agricultura, Luis Planas (izq) tras el Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.
El ministro de Agricultura, Luis Planas (izq) tras el Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado hoy su satisfacción por la gran responsabilidad mostrada tanto por la Comisión Europea como por el Consejo de Ministros de la Unión para “dar una respuesta europea contundente y rápida” a las inquietudes y preocupaciones expresadas por los agricultores y ganaderos en las manifestaciones que se han 
sucedido en las últimas semanas en distintos países europeos.

“Hoy somos más Europa”, ha asegurado el ministro, porque “ante las dificultades expresadas por un sector esencial como el agrario, las instituciones comunitarias y los países miembros estamos firmemente comprometidos en trabajar con celeridad para dar respuestas rápidas a los agricultores y ganaderos”.

El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca, celebrado hoy en Bruselas, ha dado luz verde a la propuesta de modificación legislativa presentada hace apenas 10 días por la Comisión para simplificar y flexibilizar la Política Agraria Común (PAC).

El Consejo ha acordado, por mayoría cualificada, remitir ya al Parlamento Europeo el texto con la propuesta de la reforma del reglamento de base de la PAC para acelerar el procedimiento y que pueda ser aprobado por el Parlamento antes de final de abril, con el objetivo de que se publique a la mayor prontitud en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Ha destacado el “magnífico trabajo de la Presidencia belga” y ha insistido en la “responsabilidad” de todas las instituciones europeas -Comisión, Consejo y Parlamento- para que estos cambios sean una realidad cuanto antes. “Hoy era el momento de decidir”, ha subrayado Planas, quien ha señalado que el Consejo ha hecho lo necesario para acelerar el procedimiento para que “las principales medidas puedan aplicarse con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024”. 

REGLAS CLARAS Y SEGURIDAD JURÍDICA PARA AGRICULTORES

El apoyo hoy del Consejo de ministros resulta crucial, según Planas, porque “nuestros agricultores y ganaderos necesitan reglas claras y seguridad jurídica” en esta campaña 2024. Sobre todo, ha explicado el ministro, porque el sector se encuentra en un momento clave, ya que comienzan las siembras de primavera y está en plena campaña de presentación de solicitudes de la PAC, que finaliza el próximo 30 de abril.

El ministro ha asegurado que la propuesta de modificación de los actos de base de la PAC presentada por la Comisión el pasado 15 de marzo es “positiva, equilibrada y supone un avance significativo”. 

España ha abogado por la aplicación retroactiva de los cambios, desde el 1 de enero de 2024, sobre todo en lo relativo a la condicionalidad. Se ha referido expresamente a las modificaciones de las normas de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) relativas a la cobertura mínima del suelo (BCAM 6), la rotación de cultivos (BCAM 7) y la referida a las superficies no productivas (BCAM 8).

El ministro también ha mencionado la necesidad de seguir trabajando en la simplificación de otras medidas como la relativa a las fotos georreferenciadas o la promoción, que se ha convertido en una herramienta farragosa para los beneficiarios.

LA LEY DE LA CADENA ESPAÑOLA, UN REFERENTE EN EUROPA

Otro de los puntos que más preocupación suscita entre los agricultores y ganaderos europeos es el referido a su posicionamiento en la cadena alimentaria. España acoge con satisfacción el cambio normativo sobre la Cadena Alimentaria y Prácticas Desleales que la Comisión quiere llevar a cabo. Planas ha valorado que vayan en línea con la ley española de cadena, en la que “adoptamos medidas incluso más exigentes” para garantizar que los productores reciban una 
remuneración digna por sus alimentos. También ha considerado “muy positivo” garantizar el cumplimiento de las prácticas comerciales a nivel transfronterizo, una de las demandas del sector y clave para un país como España, que exporta alimentos por valor de 70.000 millones anuales, de los que las dos terceras partes son dentro de la Unión Europea. 

“Debemos hacer un esfuerzo por armonizar esta legislación a nivel comunitario”, ha remarcado Planas, y ha afirmado que la directiva sobre prácticas comerciales desleales debe configurarse en el futuro “como el tercer pilar de la PAC”, junto a las ayudas directas y el desarrollo rural. “La ley de la cadena será un elemento muy importante para reforzar la posición de los agricultores y ganaderos”, ha señalado.El ministro ha destacado que en los planteamientos de la Comisión se vayan a considerar algunas medidas recogidas en la legislación española.

Tanto una remuneración justa de los agricultores como la generación de valor deben estar integrados en la nueva normativa comunitaria para que su cumplimiento sea vinculante, en lugar de estar sujetos a la voluntariedad de un código de buenas prácticas o similares.

NUEVAS TÉCNICAS GENÉTICAS

El Gobierno de España ha introducido un punto en el orden del día sobre las nuevas técnicas de edición genética para impulsar la competitividad de la agricultura europea, asunto que se verá en la sesión de la tarde. “Tenemos que reconciliar a la ciencia con la agricultura y es muy importante para el futuro de la producción agroalimentaria avanzar en la regulación sobre las nuevas técnicas genómicas”, ha explicado el ministro.

Esta nueva herramienta tecnológica permitirá asegurar la necesaria transición del sistema alimentario hacia una producción más sostenible y rentable, sobre todo en un contexto como el actual de cambio climático, inestabilidad geopolítica o el incremento de los costes de producción. “Contribuirá a producir más con el uso de menos recursos”, ha resaltado Planas. 

MEJORAR LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA PPC

Esta tarde también se verá el otro punto introducido por España referente al sector pesquero y que aboga por la necesaria mejora de la evaluación socioeconómica en la Política Pesquera Común (PPC). A la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre los totales admisibles de capturas y cuotas, el ministro se ha congratulado porque la resolución respalda la gestión pesquera de los Estados miembros conforme a los objetivos de la PPC, sostenibilidad ambiental, social y económica. 

En este sentido, Planas ha abogado por el necesario equilibrio entre estos tres pilares, así como contar con los mejores informes científicos disponibles para mantener la biodiversidad marina, pero también la economía, el empleo y la población en las zonas costeras.

Por ello, al hilo de las conclusiones de esta sentencia, ha instado a llevar a cabo una reflexión sobre cómo mejorar esa evaluación del pilar socioeconómico de la política pesquera de cara a la fijación de los próximos Totales Admisible de Capturas (TAC) y cuotas para 2025, sobre todo en lo que se refiere a la gestión y regulación de la pesquería en el mar Mediterráneo.

El Consejo de Ministros ha aprobado también hoy el nuevo reglamento sobre Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) que mejora y simplifica los procedimientos de registro de estos sistemas de distinción de calidad para los productos agrícolas, el vino y las bebidas espirituosas el vino, las bebidas espirituosas y los productos agrícolas.
 
Este nuevo reglamento fue uno de los asuntos que centró los trabajos de la Presidencia española de la UE durante el segundo semestre de 2023 y que culminó el 23 de octubre con un acuerdo de trílogo entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo y que puso fin a un proceso de negociación que se prolongó durante un año y medio

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