La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, mantuvo un encuentro con representantes de la Comisión Mar-Industria de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) para analizar el anteproyecto de Real Decreto con el que el Gobierno central pretende modificar el Reglamento General de Costas. Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la necesidad de actuar de forma coordinada ante una reforma que consideran preocupante por sus posibles efectos sobre la actividad económica vinculada al litoral gallego.
El texto, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sometido a información pública hasta el 1 de abril, plantea cambios que, según la primera evaluación de la Xunta y del tejido empresarial, podrían reducir la duración de las concesiones en el litoral e incluso afectar a las ya otorgadas, lo que generaría incertidumbre para numerosas instalaciones vinculadas al complejo mar-industria.
La conselleira trasladó a los representantes empresariales la profunda preocupación del Ejecutivo autonómico, al considerar que la reforma podría tener como objetivo acortar los plazos de concesión “de manera arbitraria”, poniendo en riesgo la continuidad de actividades económicas y sociales asentadas en la costa. Ángeles Vázquez advirtió además de que el Gobierno central estaría intentando modificar las reglas del juego “con la partida ya iniciada”, lo que afectaría a derechos previamente reconocidos a empresas y concesionarios.
En la misma línea, la CEG, a través de su presidente Juan Manuel Vieites, ya había alertado de que esta sería la tercera tentativa del Ejecutivo central de modificar el reglamento, insistiendo en que una visión excesivamente restrictiva de la costa podría derivar en recortes en concesiones y prórrogas o en mayores requisitos administrativos para desarrollar actividades económicas en el litoral.
Tanto la Xunta como la organización empresarial consideran que el proceso genera incertidumbre jurídica y dificultades para planificar inversiones, especialmente en sectores estratégicos para Galicia como la pesca, la acuicultura, la transformación de productos del mar, la logística portuaria o los servicios turísticos vinculados a la costa. También advierten del riesgo regulatorio si se amplía el dominio público marítimo-terrestre, lo que podría afectar a instalaciones existentes y a nuevas inversiones.
Durante la reunión, Ángeles Vázquez también señaló que, según la información disponible, la modificación del reglamento no responde a una exigencia directa de Bruselas, sino que habría sido propuesta por el propio Ministerio, que además ampliaría la aplicación de la directiva de servicios al sector productivo del mar.
Ante este escenario, ambas partes coincidieron en la importancia de reforzar el diálogo institucional y sectorial, así como de garantizar la transparencia en el proceso normativo. Xunta y CEG acordaron crear un grupo de trabajo conjunto para analizar jurídicamente el anteproyecto y coordinar la presentación de alegaciones.
La conselleira subrayó que el impacto potencial de la reforma es especialmente relevante para Galicia, donde más de la mitad de la población vive en zonas costeras y miles de personas dependen de actividades vinculadas al mar. Por ello, insistió en la necesidad de convocar una Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas antes de avanzar en cualquier modificación normativa.
Tanto el Gobierno gallego como el tejido empresarial defienden que cualquier cambio en la regulación del litoral debe garantizar la sostenibilidad ambiental sin poner en riesgo la continuidad de las actividades económicas y sociales que forman parte del ecosistema productivo de la costa gallega.
