El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó este jueves que el Gobierno gallego ha movilizado 103 millones de euros desde 2022 para apoyar a los ayuntamientos en la gestión de residuos y “paliar el impacto del tasazo de la basura impuesto por el Gobierno central” en las arcas municipales. “Galicia es la única comunidad autónoma con aportaciones específicas para ayudar a los ayuntamientos en esta materia”, aseguró.
El Consello de la Xunta tomó razón esta mañana de un informe que recopila las actuaciones, proyectos y transferencias realizadas por el Ejecutivo gallego para garantizar el mantenimiento de servicios municipales básicos y facilitar el cumplimiento de los nuevos deberes europeos en materia de residuos, centrados en la prevención y en el fomento del reciclaje.
Una tasa estatal cuestionada por la Xunta
Rueda recordó que la entrada en vigor, el pasado 10 de abril, de la nueva tasa estatal de recogida y gestión de residuos —conocida como tasazo— ha generado protestas en todo el país tras la llegada de los primeros recibos. Las diferencias entre municipios pueden alcanzar “hasta 230 euros para un hogar tipo”, señaló.
La obligación de incluir esta tasa en las ordenanzas municipales deriva de la Ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada en 2022. Una norma que la Xunta considera “injusta”, tal como reiteró la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez.
El Gobierno central justificó la creación de la tasa en supuestas obligaciones comunitarias, pero la Comisión Europea negó que la directiva de residuos imponga un tributo específico, recordando que son los Estados miembros quienes deciden los instrumentos para cubrir los costes íntegros de gestión.
Plazos más estrictos que los de la UE
La ley estatal también introdujo plazos más restrictivos que la normativa europea para la implantación de la recogida separada de biorresiduos. Las entidades locales de más de 5.000 habitantes debían implantarla antes del 30 de junio de 2023, seis meses antes de la fecha fijada por Bruselas. La Xunta solicitó una prórroga alegando que muchos municipios no podrían asumirlo, pero el Gobierno central la rechazó.
Todo ello, subrayó la conselleira, se produce en un contexto en el que los ayuntamientos afrontan crecientes exigencias logísticas y económicas, agravadas por las políticas fiscales estatales de los últimos años, centradas —según la Xunta— en la penalización en lugar de incentivar las buenas prácticas.
Red gallega de infraestructuras para biorresiduos
Como respuesta a estos desafíos, la Xunta intensificó desde 2022 su apoyo técnico y financiero. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la creación de una Red pública de infraestructuras para la gestión de biorresiduos, con 13 plantas de transferencia y 4 de compostaje, una inversión de 45 millones de euros. Esta red está plenamente operativa desde el pasado verano y garantiza que los 295 ayuntamientos adheridos a Sogama dispongan de instalaciones a menos de 50 kilómetros.
Además, el pasado mayo se adjudicó la construcción de la primera planta pública de clasificación de residuos textiles de Galicia, con un coste de 22,5 millones y previsión de entrada en funcionamiento a mediados de 2026.
Compensación del canon y ayudas municipales
La Xunta también decidió asumir con fondos propios el 60% de la subida del canon de Sogama, derivada de los nuevos impuestos estatales sobre vertido, incineración y generación energética. En 2025 esta medida supuso 21,1 millones de euros, de los cuales 12,1 millones se distribuyeron entre los 313 ayuntamientos a través del Fondo de Cooperación Local, y otros 9 millones se destinaron directamente a Sogama.
El apoyo se completó con 11,5 millones de euros en ayudas a 170 entidades locales para proyectos relacionados con la mejora de la recogida de residuos domésticos, peligrosos, voluminosos, RAEE, biorresiduos, aceites de cocina usados o residuos textiles. La Consellería ya prepara nuevas líneas para 2026, entre ellas una convocatoria para digitalizar la recogida de basura.
Transformación digital y Oficina Técnica de Economía Circular
Sogama está inmersa en un plan de transformación digital con una inversión de 2,8 millones de euros, que incluye el desarrollo del Portal del Cliente, un sistema pionero que facilitará a los ayuntamientos el acceso y la gestión de datos relacionados con sus residuos.
Asimismo, la Xunta puso en marcha la Oficina Técnica de Economía Circular, dotada con casi 600.000 euros, que desde mayo ofrece asesoramiento a los municipios interesados en adaptar su gestión a criterios de eficiencia y ahorro.
Mejores compensaciones de los SCRAP
La consellería también ha desempeñado un papel clave en la negociación de los nuevos convenios marco con los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP). Gracias a esta mediación, los nuevos acuerdos para envases de vidrio, pilas, acumuladores y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos incorporan mejoras en las compensaciones económicas que recibirán los ayuntamientos, con incrementos medios de entre 30 y 99 euros por tonelada.
