El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes el inicio del proceso de tramitación del anteproyecto de la que será la primera Ley gallega de infancia y adolescencia, una norma específica con la que el Ejecutivo autonómico busca “reforzar la atención y protección de los menores y poner la infancia en el centro de las políticas públicas”. La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, avanzó que el objetivo es que el texto esté aprobado en el segundo semestre del año.
Hasta ahora, las medidas relacionadas con la infancia y la adolescencia estaban recogidas en otras normas autonómicas, como la Ley de apoyo a la familia de 2011 o la Ley de impulso demográfico de 2021. El nuevo texto abordará de manera integral la atención y protección de un colectivo especialmente vulnerable, regulará las actuaciones necesarias para garantizar sus derechos e incorporará un régimen específico de infracciones y sanciones.
La futura ley tendrá como principales destinatarios a los más de 365.000 menores que residen en Galicia, aunque su impacto alcanzará al conjunto de la sociedad, al implicar directamente a familias, profesionales y administraciones públicas. Según destacó la conselleira, será “una ley moderna, adaptada a las nuevas realidades sociales y que ponga el foco en la infancia”.
Consulta pública y consenso
La Xunta abrirá en los próximos días una consulta pública previa para recabar aportaciones de ciudadanía, entidades sociales, colegios profesionales y organizaciones vinculadas al ámbito de la infancia, con el objetivo de lograr el mayor consenso posible en la elaboración del anteproyecto.
Entre las principales novedades, Rueda subrayó la apuesta por potenciar el acogimiento familiar como fórmula prioritaria de protección cuando un menor no puede permanecer con su familia de origen, especialmente en el caso de niños y niñas menores de seis años.
La norma regulará por primera vez la doble valoración de las familias para el acogimiento y la adopción, lo que permitirá que un menor en acogida pueda ser adoptado por esa misma familia si así lo determinan los técnicos de la Xunta, otorgando preferencia a la familia acogedora y evitando nuevas rupturas de vínculos. Además, se creará un registro de familias acogedoras y adoptivas y se reforzará la coordinación entre Xunta y ayuntamientos en los distintos niveles de riesgo.
La ley supondrá, según el Ejecutivo gallego, un cambio de paradigma, al pasar de un modelo centrado en cubrir necesidades a otro basado en la garantía de los derechos de la infancia, en línea con la Convención de los Derechos del Niño de 1989.
