La Xunta de Galicia adelanta cerca de una semana el pago de la Renta de inclusión social de Galicia (Risga) del mes de abril para aliviar la economía doméstica de 10.000 familias gallegas. Se trata de una medida pionera en nuestra comunidad para la que el Gobierno gallego destinará una inversión de 4,5 millones de euros.
El Consello da Xunta dio ayer luz verde la esta medida y se lanzó la orden de pago. De este modo, en lugar de percibirla en los últimos días del mes, los beneficiarios de esta prestación ya comenzarán a cobrarla con la intención de minimizar el impacto del coronavirus en los hogares más vulnerables.
El importe medio de la Risga es de 550 euros al mes, después de que se introdujesen novedades el año pasado. Con estas modificaciones, se añadió un tramo de inserción, para facilitar que la persona perceptora mejore su formación; y otro tramo de transición al empleo, que permite compaginar Risga y salario durante seis meses y garantizar así una transición suave al mercado laboral.
PLAN SOCIAL DE CONTINGENCIA.
Esta iniciativa forma parte del Plan social de contingencia en el que también se encuentran medidas como el teléfono social (900 400 800), que está a disposición de las personas que tengan dudas básicas, que necesiten acompañamiento o atención psicológica y que atendió desde su puesta en marcha más de 2000 llamadas.
En segundo lugar, el seguimiento telefónico a los 14.400 usuarios de centros de día y ocupacionales y, para los hogares que lo necesitan, el reparto de comida a domicilio, que ya llega a 250 familias más. Un correo electrónico para la detección rápida de situaciones de riesgo ([email protected]).
En cuarto lugar, una ayuda económica para los niños que disponían de una bolsa de comedor de su escuela infantil, colegio o instituto, de las que se beneficiarán más de 51.000 hogares gallegos. Un Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) extraordinario para las personas que necesiten cuidados a domicilio, por un importe de 6 millones de euros.
El Gobierno gallego también procedió a la exención de las cuotas de las escuelas infantiles, centros de día y ocupacionales con financiación pública y se publicó la mayor orden de ayudas de la historia de Galicia destinada a las entidades de inclusión social, por un importe de 18,3 millones de euros.
Y por último, la Xunta distribuyó cerca de 400 dispositivos móviles en residencias de mayores, personas con discapacidad y centros de menores para facilitarles a los residentes la comunicación con sus familias, a través de videoconferencia.
