Excepcionalidad o expolio
La reciente decisión de la Xunta de Galicia de declarar la excepcionalidad territorial para los parques eólicos Baro y Greco, promovidos por Villar Mir Energía, supone un punto de inflexión en la política energética gallega. Lo que se presenta como un impulso a la “transición verde” y a la “reindustrialización sostenible” es, en realidad, la consolidación de una peligrosa deriva: convertir la excepcionalidad en norma y normalizar el expolio del territorio bajo un barniz de legalidad.
Por primera vez, la Ley de Recursos Naturales de Galicia —en vigor desde enero de 2025— se utiliza para evadir la planificación territorial, permitiendo construir fuera de las Áreas de Desarrollo Enerxético (ADE) en nombre del supuesto interés industrial. Una herramienta concebida para equilibrar protección y progreso se transforma así en un instrumento político y corporativo para imponer proyectos energéticos sin consenso ni consulta.
La falsa transición verde
La energía eólica es necesaria, pero solo si se gestiona con justicia. El actual modelo de la Xunta reproduce un extractivismo maquillado de sostenibilidad. Los parques Baro y Greco priorizan el suministro energético a una fábrica de silicio metal en Sabón, vinculada a intereses industriales y financieros, mientras las comunidades locales quedan fuera de toda decisión pese a sufrir los impactos directos.
Estamos ante una nueva colonización rural: empresas que ocupan montes y sierras, aldeas atravesadas por infraestructuras, territorios transformados sin participación vecinal. La transición ecológica no puede ser el enésimo pretexto para profundizar desigualdades.
Un territorio saturado y sin voz
Galicia cuenta ya con 193 parques eólicos en funcionamiento, casi 4.000 aerogeneradores y más de 3.900 MW instalados, además de otros 70 proyectos pendientes de resolución judicial. Las sierras del sur —del Courel al Suído-Seixo— acusan una fragmentación ecológica sin precedentes: pérdida de biodiversidad, afección a acuíferos, incendios, ruido, impacto paisajístico, nuevas líneas eléctricas y un deterioro creciente del tejido socioeconómico rural.
Pese a ello, la Xunta sigue autorizando parques como si no existiesen los anteriores, ignorando la imprescindible evaluación ambiental acumulativa. Cada proyecto se tramita en compartimentos estancos, sin transparencia ni participación efectiva de ayuntamientos y comunidades vecinales afectadas.
El derecho a decidir sobre el territorio
Desde la Plataforma Sur da Dorsal Galega defendemos que los pueblos poseen un derecho natural y previo a decidir sobre sus tierras y montes. Las aldeas no son zonas de sacrificio ni simples almacenes de suelo para las políticas energéticas del capital.
Las compensaciones que se ofrecen —descuentos en la factura, créditos blandos, participación accionarial— no sustituyen la falta de democracia ni de consentimiento. No se puede comprar con migajas lo que debería ser un proceso de diálogo, transparencia y justicia ambiental.
Transparencia y democracia energética
La “seguridad jurídica” que la Xunta promete a los promotores debería garantizarse, ante todo, a los ciudadanos. Sin información pública accesible, sin debate social, sin evaluaciones independientes, no hay seguridad: hay imposición.
La transición energética no puede construirse contra los territorios ni a costa de las personas. Galicia necesita un modelo que priorice proyectos comunitarios, cooperativas locales y pequeñas instalaciones capaces de devolver a las aldeas su papel de guardianas del patrimonio natural y cultural.
Un llamamiento urgente a la responsabilidad
La excepcionalidad territorial de Baro y Greco no es un trámite técnico, sino una decisión política de gran alcance. Si esta vía se normaliza, Galicia corre el riesgo de perder el control sobre su propio territorio bajo el pretexto del progreso verde.
Reclamamos que la Xunta suspenda esta estrategia y abra un proceso real de diálogo con la ciudadanía, con las comunidades afectadas y con las plataformas ambientales que llevamos años defendiendo el territorio.
Sin participación no hay transición.
Sin justicia ambiental no hay futuro sostenible.