Con una población extranjera que roza el 20% del total, España se enfrenta al desafío y la necesidad de optimizar sus políticas de regularización. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2025, el país cuenta con más de 6,9 millones de residentes extranjeros, quienes además representan el 23% de la población ocupada, subrayando su importancia en el mercado laboral.
En este contexto, la figura del arraigo emerge como una de las principales soluciones para que los migrantes en situación irregular obtengan la residencia legal. Previsto en la legislación y recientemente actualizado por el nuevo Reglamento de Extranjería, el arraigo es una autorización por circunstancias excepcionales que premia la demostración de vínculos estables con España.
“La regularización mediante arraigo exige más que conocer la ley: es fundamental analizar cada caso individualmente, preparar la documentación con rigor y seguir de cerca el trámite”, explica Camila Bruckschen, directora general y experta en extranjería de CB Asesoría.
La nueva normativa ha ampliado las opciones de regularización, reconociendo cinco modalidades principales de arraigo:
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Arraigo Familiar: Para padres, madres o tutores de ciudadanos españoles o de la Unión Europea. Otorga un permiso de residencia de hasta cinco años.
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Arraigo Social: Dirigido a quienes demuestran una residencia continuada de al menos dos años y fuertes lazos de integración social o familiar en la comunidad.
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Arraigo Sociolaboral: Reconoce a quienes han trabajado de manera informal y pueden probar la relación laboral, facilitando la regularización de su situación.
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Arraigo Socioformativo: Pensado para personas que se matriculan en cursos de formación profesional reconocidos, permitiéndoles estudiar y trabajar legalmente.
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Arraigo de Segunda Oportunidad: Orientado a quienes perdieron su permiso de residencia por motivos administrativos, dándoles una nueva vía de integración.
A pesar de que las nuevas modalidades buscan facilitar el acceso al sistema formal, el proceso de solicitud es intrínsecamente burocrático, requiriendo documentación precisa como justificantes de residencia, informes sociales y certificado de ausencia de antecedentes penales. Además, los requisitos pueden variar entre comunidades autónomas, lo que convierte el asesoramiento jurídico en un pilar esencial.
Las nuevas vías de arraigo representan una actualización legislativa crucial y una oportunidad de integración real para miles de personas que ya contribuyen a la sociedad y economía españolas.
