La CEP celebra la flexibilización del control pesquero de la UE, pero alerta: “La burocracia sigue asfixiando al cerco y la bajura”
La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP), que agrupa a asociaciones vinculadas al sector marítimo-pesquero, ha recibido con satisfacción la flexibilización aplicada al nuevo Reglamento de Control de Pesca de la Unión Europea, en vigor desde el pasado 10 de enero. La organización considera que las movilizaciones y el malestar expresado por el sector han tenido efecto, al suavizarse algunas exigencias que, a su juicio, resultaban discriminatorias para la flota artesanal y de bajura.
Entre los ajustes más relevantes, la CEP destaca los cambios relativos al preaviso de entrada a puerto y a la anotación de capturas por especie, un avance que —según la patronal— permite diferenciar mejor a las embarcaciones que faenan a escasos minutos de la costa frente a las dinámicas de la pesca industrial.
No obstante, la organización empresarial advierte de que el reglamento, pese a estas modificaciones, mantiene una carga burocrática excesiva para los pescadores y empresas más pequeñas, predominantes en el litoral gallego. A su entender, el volumen de trámites, registros, controles y requisitos técnicos puede comprometer la viabilidad del sector a medio y largo plazo, especialmente en el cerco gallego y en la pesca de proximidad.
“No cuestionamos el objetivo, sino cómo se exige”
La CEP subraya que el principal problema no reside en la finalidad ambiental del reglamento —un enfoque que el sector comparte—, sino en el modo en que se implementa. La acumulación de obligaciones administrativas, sostiene, resulta difícil de asumir tanto desde el punto de vista logístico como económico para las pymes del mar.
Desde que se conoció la norma, hace casi una década, los representantes pesqueros gallegos habían mostrado su preocupación por un texto que, en su opinión, no distinguía adecuadamente entre flota industrial y artesanal. Para la patronal, el conflicto no responde a un pulso “de pescadores contra Bruselas”, sino a la fricción entre una lógica de control uniforme y la diversidad real del modelo marítimo de cada país y región.
“El exceso de burocracia no contribuye a una pesca más sostenible; al contrario, resta tiempo, recursos y capacidad de adaptación a las empresas. Como con cada nueva legislación, siempre salen peor paradas las pequeñas y medianas empresas, que —pese a la creencia general— suponen la gran mayoría del tejido económico”, afirmó Jorge Cebreiros, presidente de la CEP.
Un foro de diálogo para anticipar retos
Por todo ello, la patronal pontevedresa hace un llamamiento a las administraciones responsables de adaptar la norma a la realidad de cada país para que escuchen al sector, que —insiste— lleva años identificando los problemas.
En este contexto, la CEP anunció que en los próximos días impulsará un foro de diálogo abierto que reunirá a asociaciones, empresas y representantes institucionales del ámbito pesquero. El objetivo será analizar de manera conjunta los impactos actuales del reglamento y anticipar desafíos futuros, reforzando la colaboración entre todos los actores implicados y promoviendo soluciones adaptadas a la realidad del cerco y de la flota artesanal.
La confederación reitera su compromiso con un modelo de pesca sostenible y responsable, pero insiste en que los avances normativos deben construirse con una visión coherente y no generalista, que tenga en cuenta el peso de las pequeñas empresas en la economía marítima gallega.