La CEG alerta del 'enfoque ideológico' del informe de Yolanda Díaz sobre democracia en el trabajo
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) manifestó este martes su “profunda preocupación” por el contenido del informe sobre democracia en el trabajo presentado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así como por “el enfoque ideológico” que, a su juicio, vuelve a impregnar las iniciativas del departamento, alejadas de la realidad económica y empresarial, especialmente del tejido productivo gallego.
Según la organización empresarial, el documento plantea un cambio radical del modelo de relaciones laborales “bajo el pretexto” del desarrollo del artículo 129.2 de la Constitución, pero lo hace mediante propuestas que suponen “una intervención directa en la propiedad privada, en la libertad de empresa y en la capacidad de gestión”, pilares que consideran básicos para una economía moderna y competitiva.
El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, calificó de especialmente preocupante la propuesta de incorporar de forma obligatoria representantes de los trabajadores en los consejos de administración, con cuotas de hasta la mitad de los asientos en determinadas empresas, además de atribuirles derechos de veto y capacidad decisoria en materias estratégicas.
“Este planteamiento no solo desnaturaliza la función del órgano de administración, sino que introduce un riesgo evidente de bloqueo en la toma de decisiones, pérdida de agilidad y conflictos de interés que pueden comprometer la viabilidad de las empresas”, advirtió.
La CEG también rechaza el acceso obligatorio de los trabajadores al capital de la empresa, al considerar inaceptable que se pretendan imponer porcentajes de participación accionarial sin aportación económica ni asunción de riesgos patrimoniales. “Reconocer a los trabajadores como inversores laborales sin inversión ni riesgo real supone una distorsión del concepto mismo de propiedad y una grave inseguridad jurídica para empresarios, inversores y emprendedores”, señaló.
Asimismo, la patronal gallega critica el uso de la fiscalidad, la contratación pública o las cotizaciones sociales como “instrumentos de presión ideológica”, penalizando a las empresas que no se ajusten a un determinado modelo de democracia interna definido por el Gobierno. A su juicio, este enfoque introduce una discriminación inaceptable, desincentiva la inversión y sitúa a España en desventaja competitiva frente a otros países europeos.