La Xunta llevará a Bruselas el impacto de la reforma de Costas y alerta de un “grave problema económico y social” en Galicia

La Xunta trasladará “de inmediato” a la Comisión Europea los previsibles efectos negativos que tendrá en Galicia la reforma del Reglamento General de Costas impulsada por el Gobierno central. Así lo anunció este martes la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, quien advirtió de que la comunidad gallega será una de las más perjudicadas por unos cambios que afectan directamente a su litoral y al tejido económico vinculado al mar.

Durante una rueda de prensa, acompañada por la secretaria xeral de la Consellería, Carmen Bouso, y por la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, la conselleira avanzó que en las próximas horas enviará a Bruselas las alegaciones presentadas por la Xunta al anteproyecto del nuevo reglamento, junto con el estudio de impacto económico elaborado por el grupo de trabajo constituido para analizar la reforma.

Ángeles Vázquez defendió la necesidad de que las instituciones europeas conozcan “de forma directa” la “realidad única” del litoral gallego y las consecuencias que tendría la entrada en vigor del texto en los términos planteados actualmente por el Ejecutivo central.

“Lo que queremos es que la Comisión Europea disponga de la información necesaria para comprender la especificidad del litoral gallego y evitar que, intentando resolver un problema jurídico, se acabe generando un problema económico, competencial y social mucho mayor”, afirmó.

La conselleira lamentó además que el único interlocutor de Bruselas en el expediente que dio origen a esta reforma fuese el Gobierno central, al que acusó de no defender los intereses de las comunidades costeras ni trasladar adecuadamente la situación real de los territorios afectados.

Según explicó, la Xunta considera que el nuevo reglamento “no resuelve” los problemas jurídicos señalados por la Comisión Europea y, además, introduce medidas que podrían ser anuladas por invadir competencias autonómicas, generar inseguridad jurídica y entrar en contradicción con la propia Ley de Costas estatal.

Entre las cuestiones más polémicas, Vázquez señaló que el texto prevé anular prórrogas ya concedidas, endurecer las nuevas concesiones y eliminar las prórrogas extraordinarias actualmente contempladas en la legislación. Todo ello, afirmó, pone en riesgo inversiones y actividades asentadas históricamente en la costa gallega.

La responsable autonómica advirtió de que sectores estratégicos como los astilleros, las conserveras, la hostelería o la acuicultura podrían verse seriamente afectados por un marco normativo que limita la presencia humana en el litoral y que, según denunció, introduce medidas con carácter retroactivo.

En este sentido, alertó también del aumento de la litigiosidad que podría provocar la reforma, tanto entre particulares como entre las propias administraciones, al considerar que muchos afectados podrían ver vulnerados derechos adquiridos bajo los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

Ángeles Vázquez recordó que Galicia cuenta con el litoral más extenso de España, con 2.555 kilómetros de costa, y que más de la mitad de la población gallega reside en municipios costeros. A ello se suma el peso económico de la cadena mar-industria, que representa el 5 % del PIB gallego, genera más de 25.000 empleos y mueve alrededor de 9.000 millones de euros anuales.

Especial preocupación mostró por el impacto que tendría la reforma sobre la acuicultura gallega, integrada por unas 2.500 empresas y cerca de 4.500 trabajadores. La conselleira criticó especialmente que el Gobierno central pretenda aplicar la Directiva de Servicios comunitaria a todas las actividades del litoral “sin distinguir”, equiparando bateas e instalaciones acuícolas con chiringuitos de playa.

“Carece de sentido”, concluyó.