Villaverde se reúne con cofradías gallegas para frenar que el MITECO catalogue la anguila como especie “en peligro de extinción”

Infografía DL-G.
La conselleira do Mar trasladó al sector las alegaciones de la Xunta contra una propuesta estatal que, de prosperar, supondría prohibir la pesca de anguila en España y afectaría a planes de explotación en las rías de Vigo, Arousa y Ferrol.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, mantuvo este miércoles un encuentro con representantes de las cofradías afectadas por la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de incluir la anguila europea en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de “en peligro de extinción”, una decisión que implicaría la prohibición de su pesca.

Según explicó la titular autonómica, fue la propia Xunta la que trasladó al sector la convocatoria del Comité/Comisión estatal de Flora y Fauna en el que se abordará este asunto, abriendo una ronda de contactos con las entidades más representativas de la actividad en Galicia. En la comunidad existen tres planes de explotación específicos en las rías de Vigo, Arousa y Ferrol, con cofradías directamente implicadas —como Arcade, Carril o Ferrol— y embarcaciones que, en algunos casos, dependen de forma muy significativa de esta pesquería.

Villaverde defendió que el sector viene realizando un esfuerzo de adaptación a un marco normativo cada vez más restrictivo (vedas, limitación de días de actividad y cuotas), y sostuvo que el control y la monitorización acreditan una gestión responsable del recurso en Galicia. Además, advirtió de que una prohibición circunscrita a España, mientras otros países de la UE mantienen la explotación con sus reglas, podría generar una desventaja competitiva para el sector gallego.

La Consellería do Mar presentó alegaciones formales solicitando la retirada de la propuesta y reclamando que cualquier decisión se apoye en informes científicos actualizados, análisis diferenciados por territorios y un proceso real de diálogo con las comunidades autónomas y el propio sector. La Xunta también alerta de que una prohibición total sin evaluación territorializada podría tener un impacto socioeconómico elevado y, según su argumentación, incluso incentivar la pesca ilegal, por lo que apuesta por reforzar los mecanismos de gestión y control ya existentes.