Rueda anuncia que la Xunta se personará en el Constitucional para frenar la suspensión de sus planes de dependencia y repotenciación eólica
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que Galicia se personará ante el Tribunal Constitucional para oponerse al recurso del Gobierno central contra la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2025, al considerar que paraliza medidas de agilización en dependencia y discapacidad y frena la repotenciación de parques eólicos.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes que el Gobierno gallego se personará ante el Tribunal Constitucional para defender la posición de Galicia frente al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo central contra varios preceptos de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos gallegos de 2025. Según Rueda, la impugnación supone la paralización del Plan de agilización de la dependencia y la discapacidad y del Plan de repotenciación de la energía eólica, una situación que calificó de “injusta, contraproducente y perjudicial”.
Dependencia y discapacidad: fin de las homologaciones automáticas
En lo relativo al recurso contra el mecanismo de homologación automática entre dependencia y discapacidad, Rueda afirmó que la consecuencia inmediata es la suspensión del plan de choque activado hace un año por la Xunta, diseñado para incrementar el número de personas atendidas y reducir los tiempos de respuesta.
El presidente recordó que en los últimos doce meses más de 12.600 gallegos con dependencia obtuvieron el reconocimiento de la discapacidad sin necesidad de una nueva valoración. Con el recurso, la Administración autonómica dejará de poder homologar automáticamente la discapacidad a personas ya reconocidas como dependientes, pese a que —según la Xunta— existe una relación directa entre el grado de dependencia y el porcentaje de discapacidad.
Para el Ejecutivo gallego, la impugnación implica un paso atrás en la agilización de la atención, al dejar sin efecto medidas de simplificación administrativa y devolver los procedimientos a una burocracia más compleja, con impacto directo en forma de retrasos y demoras.
La Xunta considera además “contradictoria” la postura del Gobierno central, al sostener que su propuesta de modificación de la Ley de Dependencia —actualmente en tramitación parlamentaria— reproduce en gran medida el modelo gallego. En este contexto, la Xunta atribuye la iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a motivos recaudatorios y asegura que la simplificación aplicada en Galicia habría supuesto dejar de ingresar 114 millones de euros durante el último año.
Resultados del plan gallego
La Xunta cifró en 86.319 los expedientes de dependencia y discapacidad resueltos de manera favorable en el primer año de vigencia del plan, “casi el doble” que en todo 2024. De ese total, 12.626 resoluciones corresponderían a homologación automática. Además, el Gobierno gallego señala que los tiempos de espera se redujeron en dos meses en Galicia, mientras aumentan en el conjunto del Estado.
En materia de financiación, la Xunta insiste en que el Gobierno central no estaría cumpliendo el objetivo legal de asumir el 50% del coste de los servicios y prestaciones, y sostiene que ese déficit genera una deuda acumulada que en 2026 alcanzará los 2.900 millones de euros. Rueda reclamó para Galicia el mismo nivel de compromiso que, según indicó, el Ejecutivo central adoptó con otras comunidades, citando el caso del País Vasco, al que atribuyó un acuerdo de financiación “a partes iguales”.
Repotenciación eólica: menos aerogeneradores y más potencia
El recurso del Gobierno central afecta también a las medidas sobre repotenciación de parques eólicos incluidas en la Ley de acompañamiento de 2025. Rueda explicó que la norma impulsada por la Xunta establecía la obligación, en los parques con más de 25 años, de reducir el número de aerogeneradores y sustituirlos por otros “más modernos y potentes”.
En Galicia existen 16 parques en esa situación que aún no iniciaron la repotenciación de forma voluntaria. La suspensión del precepto, advirtió, frena de momento un proceso que permitiría que esos parques pasasen de 572 a 112 molinos (un 80% menos) y, al mismo tiempo, aumentasen su potencia instalada de 1.104 a 1.524 megavatios (un 38% más).
Con su personación ante el Constitucional, la Xunta buscará revertir la suspensión derivada del recurso y mantener en marcha ambos planes, que considera clave tanto para la atención social como para la reordenación del mapa eólico en la comunidad.