Galicia lleva a Luxemburgo su batalla contra el veto a la pesca de fondo: última ofensiva para tumbar el cierre de 87 zonas
Galicia da un paso más en su ofensiva contra el veto europeo a la pesca de fondo. La Consellería do Mar ha presentado sus observaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), agotando así la vía judicial para intentar anular la prohibición que afecta a 87 zonas del Atlántico Nororiental desde 2022.
La comunidad autónoma no está sola. Irlanda se ha sumado a los argumentos gallegos al considerar que la decisión de la Comisión Europea incurre en errores de Derecho. Ambas partes reclaman que se deje sin efecto la resolución o, de forma subsidiaria, que el caso regrese al Tribunal General para una nueva sentencia.
El recurso de Galicia se apoya en cuatro pilares clave. El primero apunta a una evaluación incorrecta del impacto ambiental. Según la Xunta, Bruselas basó su análisis en artes móviles sin diferenciar el menor impacto —o incluso nulo— de artes fijas como el palangre de fondo, lo que vulneraría el principio de proporcionalidad.
El segundo cuestiona la delimitación de las zonas vetadas. La inclusión de áreas sin evidencia de ecosistemas marinos vulnerables se considera jurídicamente débil y basada en riesgos hipotéticos, lo que no superaría los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por la normativa europea.
En tercer lugar, Galicia critica la interpretación del Tribunal General, al que acusa de flexibilizar el deber de motivación de las medidas y de no ponderar adecuadamente los intereses socioeconómicos. A su juicio, la sentencia convierte el margen de apreciación en una presunción automática de proporcionalidad.
Por último, la Xunta denuncia que no se han valorado suficientemente los efectos del veto sobre la flota gallega de palangre ni sobre las comunidades costeras que dependen de esta actividad.
Un conflicto que viene de 2022
El origen del litigio se sitúa en septiembre de 2022, cuando la Comisión Europea aprobó el reglamento que establecía vedas en zonas con presencia —o posible presencia— de ecosistemas vulnerables. Meses después, la Xunta se sumó como parte coadyuvante al recurso impulsado por la Organización de Productores Pesqueros (OPP-7) y varios armadores.
El Tribunal General admitió su participación en 2023 y dictó sentencia en julio de 2025, un fallo que Galicia ya rechazó en su momento. Tras ello, el proceso entró en una nueva fase con el recurso de casación del Gobierno central.
Presión jurídica y cambios normativos
En paralelo a la batalla judicial, la Consellería do Mar trabaja en adaptar la normativa autonómica para reforzar la posición del sector. Entre las medidas destaca la modificación del Decreto de Artes de Galicia para reconocer específicamente el palangre demersal o semipelágico.
Además, la Xunta ha solicitado al Gobierno central que incluya este arte en la clasificación estatal de aparejos de anzuelo, un paso considerado clave para lograr su exclusión de las restricciones europeas.
Con esta doble estrategia —jurídica y normativa—, el Ejecutivo gallego busca blindar a su flota y defender el equilibrio entre la protección ambiental y la viabilidad económica de la pesca.