Ex presidentes del Constitucional abogan en Santiago por un TC independiente y una ciudadanía que comprenda la Constitución

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (RSEAPS) acogió esta tarde una relevante mesa de debate sobre la relación entre el Tribunal Constitucional (TC) y la sociedad. La jornada contó con la participación de dos figuras clave de la judicatura española: Pascual Sala Sánchez, expresidente del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas; y Juan Antonio Xiol Ríos, expresidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, exvicepresidente del TC y exvocal del CGPJ. El catedrático de Derecho Constitucional de la USC, Roberto Blanco Valdés, moderó el encuentro, que fue presentado por Francisco Loimil Garrido, presidente de la RSEAPS, en el marco del ciclo “Compostela 2023-2027. Presente y futuro”.

La Constitución: un pilar normativo con profundo valor social

Durante su intervención, Pascual Sala afirmó que la Constitución Española es “quizá la más completa del mundo” en cuanto a los derechos fundamentales que reconoce y el contenido social que les asigna. Subrayó que no se trata de "un conjunto de principios retóricos susceptibles de un desarrollo posterior de acuerdo con las diversas posiciones políticas, sino que tienen completo valor normativo”.

Por ello, el magistrado considera “conveniente que la ciudadanía tenga conocimiento pleno de ese conjunto normativo”, así como de “su importancia y significación social, independientemente de las convicciones políticas personales”. Según Sala, de esta forma, los ciudadanos lograrían “aceptar la verdadera significación social” de la Carta Magna, más allá de sus ideas políticas, y comprenderían "la verdadera significación que tiene un Estado de Derecho cuando va acompañado de su contenido social y democrático, como sucede en nuestra Constitución, y por lo tanto, con los caracteres de igualdad, solidaridad y pluralismo político que lo definen”.

Independencia y renovación del TC: claves para el Estado de Derecho

Sala defendió la independencia de actuación del Tribunal Constitucional y las garantías que la protegen, considerándolas "absolutamente necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones”. Asimismo, abogó por “el cumplimiento de las previsiones constitucionales y de su Ley Orgánica 2/1979” a la hora de abordar las renovaciones del TC, recordando sus publicaciones al respecto, como su comentario al artículo 159 de la Carta Magna.

El expresidente del TC recordó la configuración del tribunal como “una jurisdicción concentrada, independiente de la Justicia ordinaria, a modo de una pieza de cierre y garantía del Estado Social y Democrático de Derecho”. Detalló sus funciones esenciales: garantizar la supremacía de la Constitución, asegurar el equilibrio entre los poderes del Estado, articular territorialmente el Estado y proteger y garantizar la efectividad de los derechos fundamentales.

La complejidad de las decisiones constitucionales y la necesidad de objetividad

Por su parte, Juan Antonio Xiol Ríos reflexionó sobre la naturaleza de la norma constitucional, de carácter "amplio y general", lo que obliga al TC a una labor de adaptación a situaciones imprevistas. Advirtió que “la valoración de la jurisprudencia constitucional debe hacerse con rigor, partiendo de criterios jurídicos”, enfocándose en la coherencia del Tribunal con sus decisiones anteriores y en la justificación razonable de las separaciones de precedentes. Xiol abogó por “huir de la tentación de adscribir constantemente las decisiones del TC en casos difíciles, a una u otra tendencia política”.

Según Xiol Ríos, aunque el TC nació para “hacer presentes los valores de la Constitución resolviendo problemas políticos con criterios jurídicos”, pronto se advirtió que transformar la Constitución en una norma de directa aplicación "requiere que el razonamiento jurídico esté impregnado de ponderaciones basadas en elementos extraídos de la realidad política, social y económica de la comunidad”. El exvicepresidente del TC considera que esto exige especiales demandas en el nombramiento de los magistrados, buscando que el proceso de selección garantice su “autoridad y solvencia moral”, de modo que sean capaces de “encontrar soluciones neutras”.

Diálogo institucional y el principio de autorrestricción

Finalmente, Xiol Ríos señaló que el “diálogo institucional con la sociedad” es un elemento capital para justificar la función del TC. Concluyó que el Tribunal Constitucional debe respetar ciertos principios que garantizan su independencia y acierto, como el de autorrestricción, que implica que el Tribunal no puede resolver todos los problemas ni implantar políticas sociales o económicas, sino que debe limitarse a problemas accesibles a su función. En el mundo moderno, dada la heterogeneidad de los ordenamientos jurídicos, Xiol defendió que el TC debe adscribirse al “diálogo de tribunales”, cooperando conjuntamente con tribunales de diferente grado y ordenamiento jurídico en la solución de problemas prácticos de la sociedad.

El moderador, Roberto Blanco Valdés, resumió el desafío histórico de la justicia constitucional: “quién vigila al vigilante”. Insistió en que la labor de los tribunales constitucionales es esencial para el Estado de Derecho, pero exige la independencia e imparcialidad de los árbitros.