Los catedráticos de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Santiago Lago Peñas y María Cadaval Sampedro han participado en una mesa de debate sobre la financiación autonómica, donde han calificado el concierto fiscal vasco y el convenio navarro como "una anomalía sin parangón en el panorama internacional". Advierten que extender este modelo a otras comunidades "amenazaría la viabilidad del sistema".
Un débil andamiaje institucional
A pesar de la profunda transformación que ha experimentado España en el último medio siglo, los expertos señalan que persisten "importantes desafíos territoriales e institucionales". Entre ellos destacan la insuficiencia de recursos, las "disparidades arbitrarias" en la financiación, la falta de capacidad tributaria de las comunidades autónomas y la excesiva complejidad del sistema.
Para Lago y Cadaval, la reforma estructural necesaria para dar "mayor consistencia territorial al país" debe basarse en una "mejora de la descentralización financiera". Argumentan que el camino es avanzar hacia un federalismo cooperativo que se base en una cogobernanza efectiva y solidaria.
Tres frentes de acción para un sistema más justo
Los dos profesores de la USC están convencidos de que las áreas más complejas de la financiación autonómica son la equidad y la nivelación interterritorial. Para corregir la "arbitrariedad" que, a su juicio, existe en el sistema actual, proponen tres frentes de actuación:
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Corregir la arbitrariedad: actuar sobre la aplicación del sistema común de financiación.
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Adecuar el cálculo de habitantes: ajustar la metodología para una distribución más justa de los recursos.
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Revisar el concierto y el convenio: adaptar los cálculos de estos regímenes forales a las nuevas reglas de redistribución.
Además, recomiendan "desactivar" progresivamente los mecanismos extraordinarios de financiación como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), facilitando al mismo tiempo la gestión de la deuda de las comunidades. Por último, subrayan la urgencia de definir con claridad el reparto de los objetivos de déficit en el marco de las nuevas reglas fiscales europeas, con mecanismos de ajuste más ágiles que eviten distorsiones financieras.
